UNA PÁGINA DIFÍCIL DE ARRANCAR

Memorias de Alfonso Guerra (1991 - 2011)

Estas reflexiones corresponden a uno de los últimos capítulos del libro, esclarecedor de muchos pasajes de la historia reciente del socialismo español.

DECLARACIÓN DE GRANADA

Reproducimos este documento por su indudable interés, para su análisis y como tema de debate.

Declaración de Granada

UN NUEVO PACTO TERRITORIAL: LA ESPAÑA DE TODOS

En la historia de España la democracia y la descentralización política del Estado siempre se han necesitado mutuamente, han sido realidades inseparables. El centralismo sólo ha logrado imponerse sacrificando la libertad política. La lucha por la democracia ha estado ligada a la defensa de la diversidad y la reivindicación de un Estado plural y descentralizado; lo cual, por otra parte es plenamente congruente y respetuoso con su propia formación histórica. España nació de la diversidad, y sólo desde ella es posible garantizar la libertad y la convivencia entre sus pueblos.

A partir del gran pacto político de la Transición, plasmado en la Constitución de 1978, hemos construido entre todos una democracia firme y estable, y un modelo de convivencia pacífica del que nuestro país careció durante demasiado tiempo.

Una pieza esencial, uno de los principales pilares sobre los que se ha asentado el éxito de la democracia española, ha sido la creación y el desarrollo del Estado de las Autonomías. La Transición fue un gran pacto político que incluía, como pieza imprescindible, un gran pacto territorial.

El modelo autonómico español ha sido un éxito. No sólo por su contribución decisiva a la consolidación de la democracia, sino porque ha cambiado para bien la configuración de la sociedad española, y ha actuado como un motor del progreso y de la cohesión, de superación de las terribles desigualdades territoriales del pasado.

Las Comunidades Autónomas han desempeñado un papel protagonista en la construcción del Estado del Bienestar y en la consolidación de derechos y servicios públicos esenciales para los ciudadanos, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones o la igualdad entre hombres y mujeres.

Además, fue capaz de integrar en un proyecto común a nacionalidades históricas definidas por sus respectivas identidades políticas, culturales y lingüísticas.

En definitiva, el Estado de las Autonomías, al contrario de lo que creen sus detractores, ha sido el instrumento más eficaz de vertebración nacional y de cohesión social. Ha sido y tiene que seguir siendo uno de los pilares más sólidos de la unidad de los pueblos de España. Por eso, los socialistas seguimos creyendo en el Estado de las Autonomías.

Ayudamos decisivamente a construirlo, lo hemos desarrollado desde el Gobierno de España y desde los gobiernos de las Comunidades Autónomas, y lo seguiremos defendiendo como el único marco político viable de una España moderna, libre y democrática.

Pero somos conscientes de que, al igual que sucede con otros elementos esenciales de nuestro sistema político, el Estado de las Autonomías necesita hoy una profunda revisión y una actualización urgente.

Y ello, principalmente, por tres razones:

a) El Estado autonómico, tal como quedó dibujado en la Constitución de 1978, tenía mucho de tentativo; era la primera experiencia histórica de una transformación radical de la estructura del Estado, y sólo su desarrollo en la práctica nos ha permitido comprobar su funcionamiento y sus disfunciones: lo que hay que mantener, lo que hay que reforzar y lo que hay que rectificar.

Por esa razón, la Constitución dejó excesivamente abiertos e imprecisos algunos aspectos esenciales del modelo autonómico, como la propia determinación de las Comunidades Autónomas, la distribución competencial entre éstas y el Estado, el modelo de financiación, la organización de las Administraciones Públicas o los mecanismos de cooperación entre ellas.

El Estado autonómico contiene desde su origen una evidente vocación federal; pero en su diseño y en su desarrollo han faltado piezas que forman parte esencial de los Estados federales que mejor funcionan.

Pues bien, ha llegado el momento de llenar los vacíos, precisar lo que quedó impreciso, actualizar lo que ha quedado obsoleto y corregir lo que ha demostrado ser disfuncional o simplemente no ha cumplido adecuadamente su papel.

b) La aceleración del tiempo histórico nos sitúa hoy ante realidades que hace tres décadas y media eran inimaginables. En 1978 no estábamos en la Unión Europea, ni existía Internet, ni nos habíamos convertido en una sociedad de inmigración, ni nuestra economía estaba globalizada, ni existía el euro, ni había una crisis financiera global, ni se habían universalizado la sanidad y la educación como servicios públicos, universales y gratuitos que hay que financiar y gestionar con eficacia: de hecho; el Estado del Bienestar estaba por construir.

Esto significa que no sólo tenemos problemas irresueltos en nuestro sistema autonómico; sino, también, que para estar a la altura de los tiempos tenemos que afrontar una buena cantidad de nuevos problemas.

c) La crisis económica, además, ha creado un enorme malestar social que se ha proyectado también sobre el conjunto del sistema político. La sociedad española hoy cree menos en el proyecto europeo, cree menos en el funcionamiento de las instituciones democráticas, y cree menos en la capacidad del sistema autonómico para resolver los problemas de los ciudadanos.

Esto ha hecho renacer entre nosotros dos viejas tentaciones que creíamos haber superado: la tentación centralista y la tentación secesionista. Por una parte, los que siempre vieron con recelo el Estado autonómico, han encontrado la oportunidad de impulsar el retorno a la recentralización y cortar las alas al autogobierno de nuestras nacionalidades y regiones. Por otra parte, el nacionalismo moderado de Cataluña ha abandonado el terreno de la moderación y se ha pasado al campo del secesionismo. Ya no busca la mejor forma de encajar a Cataluña como una realidad específica y diferenciada dentro de España: busca directamente que Cataluña rompa con España.

Frente a todo ello, la posición de los socialistas es clara y firme: el triunfo de cualquiera de esos dos proyectos antagónicos, el que pretende recentralizar España y el que pretende desmembrarla, sería un desastre y desataría de nuevo todas las tensiones territoriales que durante demasiado tiempo hicieron imposible la convivencia en libertad de los pueblos de España, además de hacer aún más difícil la salida de la crisis.

Ni el retroceso ni la ruptura son la solución que España necesita. Pero tampoco lo es el inmovilismo, porque hay realidades que están ahí y no se pueden ignorar.

La solución, una vez más, es la reforma en profundidad. El Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias.

Este no es sólo el camino lógico y constructivo; es también el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España. Y por eso el Partido Socialista, en el ejercicio de su responsabilidad, lo va a proponer, lo va a defender y lo va a impulsar con todas sus fuerzas.

Vamos a defender un Estado de las Autonomías del siglo XXI, con una estructura territorial de carácter federal capaz de proporcionar todo lo que de él demandamos:

• Respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común.

• Solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales.

• Cooperación efectiva entre el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos, y de éstos entre sí.

• Igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan. Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones.

• Y eficacia en la gestión de los recursos públicos, lo que exige una racionalización de las Administraciones, de todas ellas, para que éstas faciliten la vida a los ciudadanos.

Los cambios que necesita el Estado de las Autonomía no pueden solventarse mediante simples modificaciones legales. Si queremos hacerlo de verdad, es obligatorio abrir el camino de la reforma constitucional. Y eso significa restablecer un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978.

• Necesitamos reformar la Constitución para incorporar a ella expresamente el mapa autonómico de España.

• Necesitamos reformar la Constitución para clarificar y delimitar definitivamente la distribución de las competencias, de las responsabilidades y de las obligaciones del Estado y de las CCAA. Para acabar con la confusión actual, que genera toda clase de conflictos.

• Necesitamos reformar la Constitución para sustituir el Senado por una auténtica Cámara de representación territorial, sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal.

• Necesitamos reformar la Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad.

• Necesitamos reformar la Constitución para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo que dé certeza, estabilidad y equilibrio al sistema de reparto de los recursos públicos, hoy permanente cuestionado y sometido a continuas revisiones.

• Necesitamos reformar la Constitución para incorporar como derechos fundamentales la protección social y la sanidad, y para asegurar la garantía de los servicios sociales básicos, de la educación, la sanidad y las pensiones, para todas las personas que viven en España, cualquiera que sea su origen o su lugar de residencia. Para dar cobertura constitucional a un Fondo de Garantía del Estado del Bienestar.

• Necesitamos reformar la Constitución para crear los mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales y de los que hoy carecemos en gran medida.

• Necesitamos también constitucionalizar la participación de las CCAA en la gobernación del Estado y en la presencia de España en Europa, tanto para contribuir a la formación de la voluntad de España, como para garantizar la ejecución en sus respectivos territorios de las decisiones que se tomen en la Unión Europea.

• Necesitamos modificar el control constitucional de las reformas de los Estatutos de Autonomía para que no se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente un Estatuto que ya ha sido votado por los ciudadanos.

• Y necesitamos que la reforma de la Constitución afecte a las Administraciones Públicas, y que incluya a la Administración Local. Necesitamos regular constitucionalmente las competencias de las entidades locales, reconocer su autonomía política y funcional, articular la intermunicipalidad para apoyar a los municipios pequeños de acuerdo con sus propias características, garantizar que el desarrollo de su régimen jurídico se haga mediante una Ley Orgánica.

En la situación actual, España no sólo necesita una gran concertación económica y social para salir de la crisis. Necesita renovar el pacto para reformar el sistema político y construir la democracia del siglo XXI. Como parte de ello, necesita un nuevo pacto territorial, no para debilitar el Estado de las Autonomías, y tampoco para desandar lo recorrido en estas tres décadas y media, sino para seguir avanzando en el único camino que ha demostrado ser fructífero. Para seguir viviendo y conviviendo juntos, que es la única forma de que salgamos adelante.

El Partido Socialista está dispuesto a levantar esta doble bandera: la bandera de las reformas y la bandera de los consensos. Estamos dispuestos a compartir y debatir ideas e iniciativas, a hablar con todos y de todo, a tender puentes en lugar de volarlos, como algunos parecen desear.

Estamos en mejor posición que cualquier otra fuerza política para hacerlo porque es lo que hemos hecho desde el primer día de la democracia: impulsar todas las reformas y participar en todos los consensos.

Queremos hacerlo porque el Estado de las Autonomías es en buena medida el fruto de nuestro esfuerzo, y la tarea de hoy es reformarlo, precisamente para salvarlo de las tendencias contrapuestas que lo amenazan.

Y estamos dispuestos a hacerlo porque responde a nuestros principios y porque sentimos que es nuestra obligación histórica con España.

Granada, 6 de julio 2013

LA CORRUPCIÓN Y LA JUSTICIA

                                                                                                               Rafael Ferrer 

Desde hace algún tiempo un grupo de personas, unidas por los vínculos de las comunes ideas socialistas y la amistad en el mejor sentido epicúreo, nos venimos reuniendo con periodicidad irregular en una especie de cena-tertulia, ‘Tertulians de la mar’ la llamamos por el lugar donde se produce el cenáculo. Para cada sesión se elige un tema de interés y se invita en ocasiones a un ponente ajeno al colectivo para que introduzca la cuestión. A partir de esta introducción se dialoga asintiendo a las tesis  o proposiciones expuestas, oponiéndose, matizando, presentando dudas o alternativas, siempre en un clima amistoso alejado de la conflictividad de la vida orgánica partidaria. En la tertulia del día 2 de julio tocó referirse al problema de “los socialistas ante la corrupción y la justicia”.

Aparece la corrupción en este momento de España como una nube plomiza, tóxica, ominosa, omnipresente,  que nos angustia y nos nubla cualquier perspectiva de futuro, especialmente a los socialistas que nos aplicamos la sentencia corruptio optimi pésima, no porque nos creamos superiores a los demás ciudadanos, sino porque en la esencia del socialismo democrático está (debe estar) la honradez y la decencia. Razón por la que los electores no pueden perdonarnos cuando nuestras conductas contradicen los principios que nos definen.

No caben excusas. Los más de 1660 casos de corrupción abiertos en 798 juzgados afectan a todas las formaciones políticas, en mayor proporción al PP y al PSOE y se extienden por todas las Autonomías, desde Cataluña a Andalucía, pasando con detenimiento por la Comunidad Valenciana y acabando en Madrid. Se intenta matizar, separar unos casos de otros, no es lo mismo gestionar contratos irregularmente sin beneficiarse económicamente de forma personal que participar en una trama empresarial montada para expoliar fondos públicos; no es lo mismo hacer alguna gestión para desatascar un trámite en la máquina burocrática por razón de amistad o relación política que convertir toda una provincia en cortijo particular, incluido el aeropuerto… Como dijo uno de los contertulios, hay una corrupción de la miseria (refiriéndose al caso de los ERES) y está la alta corrupción de cuello blanco…

Y, sin embargo, no caben distingos en la percepción que el ciudadano tiene de la realidad: PP y PSOE son la misma cosa, iguales son ante la corrupción, todos roban, cada cual lo que puede. En este punto se impone ante los tertulianos la cuestión clásica: ¿Qué hacer? Y brotan las respuestas. Voluntariosas, radicales, idealistas…:

A partir de este momento, tolerancia cero con la corrupción. Nadie discrepa. Pero cómo se instrumenta este principio radical?, ¿quién da la orden?, ¿quién la hace cumplir?, ¿la vieja guardia?, pregunta alguien. Renovación total, desde la cúpula hasta la última de las agrupaciones locales, propone otro. ¿Dónde están esos jóvenes enérgicos, competentes, limpios, capaces de hacerse cargo de negocio tan complejo como es el de la política y la dirección de un partido que ha gobernado todo un país? En el mundo político ─y en la vida en general─ no sirven las fórmulas sincréticas y reduccionistas, replica otro contertulio.

Que sea la sociedad civil la que se mueva y actúe de catalizador, se dice desde otra esquina. ¿La sociedad civil? Pero  eso no es más que un constructo de la clase burguesa para ir contra el Estado, añade otro compañero que no ha olvidado el concepto de estado ampliado de Louis Althusser. Avanza la noche. Algo hay que hacer.

Muchas cosas que hemos hecho los socialistas no son compatibles con la conducta que los ciudadanos esperan de nosotros y que son inherentes a nuestra ideología. Habrá que empezar reconociendo, confesando errores. Habrá que comprometerse con una ética sin fisuras. Habrá que ser implacable con los incumplidores deshonestos. La selección de los funcionarios deberá ser protegida del  sistema de expolio que aplica cada partido cuando gana las elecciones. A los órganos de control se les garantizará la independencia…, pequeñas medidas de micropolítica que recorran a toda la organización y la convierta en transparente para el resto de los ciudadanos.

¿Y de la Justicia? ¿Qué podemos esperar de los jueces? Opiniones dispares. Acaso en estos momentos, dada la situación socioeconómica de los españoles y la relativa proletarización de la judicatura, se pueda esperar más que en ningún otro tiempo. Ejemplos haylos ahora de actuaciones ejemplares, expone uno. ¿De ejemplaridad hablamos? La ejemplaridad en un sistema corrupto como es el capitalismo no demuestra que se pueda en general ser honesto, sino que sólo algunos individuos particulares logran manifestarse como ejemplares para reforzamiento del propio sistema,  objeta otro compañero. Y añade: el derecho, más allá de la técnica jurídica, en la cima, en última instancia (y nunca mejor dicho) es y se confunde con la política, es política en estado puro. Aquí, en nuestra ciudad, a partir del 2 de octubre se va a juzgar al señor Carlos Fabra. Según información de prensa los tres magistrados de la Sección 1ª ya fueron corregidos por el Supremo sobre el delito de cohecho. ¿No están contaminados? ¿Alguien se cree que la abstención del presidente de la Audiencia los ha limpiado de la contaminación? Vivir para ver.